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La transparencia administrativa es un valor procedimental preferente y necesario para la existencia de una sociedad democrática avanzada yde una opinión pública libre. Es también una exigencia no solo delpensamiento liberal que desconfía tradicionalmente del Estado y ve latransparencia como un límite al poder público y un instrumento decontrol sino también de los nuevos movimientos sociales que demandanuna democracia real más participativa y un empoderamiento de losciudadanos. Existen sólidos fundamentos constitucionales para exigirel acceso a información pública. Sin embargo, hasta la aprobación dela Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la normativa administrativa denuestro país no facilitaba a los ciudadanos el ejercicio del derechode acceso a la información pública ni obligaba a la AdministraciónPública a publicar una amplia información de oficio. La prácticaadministrativa reiterada, agravada por la ausencia de un claro impulso jurisdiccional en este ámbito y la progresiva excepcionalidad denuestro país en materia de acceso a la información que se hizoespecialmente patente a raíz de la aprobación el 27 de noviembre de2008 por el Consejo de Europa del Convenio sobre el Acceso a losDocumentos Públicos ha ido creando progresivamente una mentalidadpro-acceso. Evidentemente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, detransparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es untexto mejorable, como lo son todas las normas jurídicas que tratan derealizar avances, conciliando valores y actores contrapuestos pero suaprobación ha abierto ya definitivamente la puerta al acceso a lainformación pública en Espa?a. Este Comentario está centrado en laaplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por parte de lasdistintas Administraciones Publicas y autoridades de control. Losautores son sesenta y seis especialistas que desde distintos ámbitosanalizan algún precepto de la Ley. Participan en la obra no sóloprofesores de Universidad sino también miembros del Consejo deTransparencia y Buen Gobierno de Espa?a, del Consejo de Transparenciay Protección de Datos de Andalucía, de la Comisión de Garantía deAcceso a la Información Pública de Catalu?a y del Procurador del Común de Castilla y León. También intervienen los Subdirectores Generales y funcionarios que son responsables de cumplir las obligaciones detransparencia en la actividad pública de las distintasAdministraciones y órganos constitucionales como la Oficina de laTransparencia y Acceso a la Información de la Vicepresidencia delGobierno, la Unidad de Contenidos en la Red del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Secretaria General de Presidencia del Gobierno que es el órgano competente en relación con la informaciónque obre en poder de la Casa Real, el Consejo General del PoderJudicial, el Banco de Espa?a, el Consejo de Estado, el Defensor delPueblo, las Cortes Generales y el Ayuntamiento de Madrid. Esta obracuenta también con actores de la transparencia pertenecientes a lasociedad civil como la Fundación ?Hay derecho? y la FundaciónCompromiso y Transparencia.
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